"Fuimos los primeros en afirmar que, conforme la civilización asume formas más complejas, más tiene que restringirse la libertad del individuo."
Si una de las virtudes fundamentales del siglo XXI fuera la franqueza o la elocuencia , la anterior frase de Benito Mussolini se lleva el galardón sin discusión alguna. Y es que el contenido y la semántica de estas declaraciones es capaz no solamente de fastidiar a todos quienes dicen defender la libertad, sino también de desnudar el verdadero rostro paternalista y depredador de quienes ostentan el poder político y su permanente búsqueda de estrategias por la disputa y eventual retención del poder.
Chile desde luego no es la excepción, y lo ocurrido tras la luz verde dada al proyecto de ley de regulación del funcionamiento de aplicaciones de transporte de pasajeros como UBER y CABIFY en la comisión de transportes de la cámara baja es la mejor prueba de aquello.
Dado que el gremio de los taxistas no cesó de enarbolar argumentos insostenibles para defender su fuente de trabajo, es que los legisladores, recurriendo a las ya clásicas consignas de la lucha contra la desigualdad, y la seguridad de los individuos, terminaron por respaldar la idea de entrometerse en otra área de exclusivo asunto entre privados.
De manera que los individuos -a juicio de los políticos- no sabemos escoger con sabiduría lo que nos conviene y somos incapaces de determinar libre y voluntariamente lo que satisface nuestras necesidades, tenemos que aceptar que un gobierno establezca medidas que definen cómo debemos transportarnos. Parten por determinar qué tipo de vehículos pueden trasladar personas, continúan estableciendo un reglamento que crea una comisión de expertos que se encargará de regular la cantidad de vehículos que podrán circular usando estas plataformas, agregan una norma que establece que ellos entregarán una determinada cantidad de cupos y, por ende, podrán elegir quién puede ingresar a ellos y quien queda fuera, para finalizar estableciendo criterios de comodidad para conductores y pasajeros.
En un mundo esencialmente cambiante, donde la tecnología galopa sin cesar, y los seres humanos se adaptan fácil, libre y voluntariamente a los cambios, nuestro estado, en su afán de organizar los medios políticos y de coerción arbitraria avanza en la dirección contraria. Pudiendo contribuir a modernizar los servicios de taxi, toma la decisión de mediocrizar las condiciones que ofrecen plataformas tecnológicas que no han hecho más que facilitar y brindar más oferta y libertad de elegir a los usuarios.
Todo en aras de combatir la desigualdad -emblema del maniqueísmo político- que a juicio de nuestros honorables es la causante de todos los males que azotan a nuestra comunidad de individuos. En pos de ella entonces no existe ninguna especie de consideración en sacrificar los espacios de libertad de las personas, a fin de lograr que nadie sea más que otro en un determinado sector de servicios, y evitar que los consumidores con sus decisiones estimulen los servicios de calidad y castiguen a los malos oferentes a fin de llevarlos a modernizarse o desaparecer.
Un poder político que hace oídos sordos a derechos fundamentales del ser humano como la libertad, no sólo condena a sus ciudadanos a ver reducidos sus espacios de interacción e intercambio, sino además aleja y acrecienta las distancias ya producidas entre electores y autoridades, quienes además de no reconocerse como iguales, alimentan sentimientos de desconfianza, fastidio y sopor mutuo.
Si una de las virtudes fundamentales del siglo XXI fuera la franqueza o la elocuencia , la anterior frase de Benito Mussolini se lleva el galardón sin discusión alguna. Y es que el contenido y la semántica de estas declaraciones es capaz no solamente de fastidiar a todos quienes dicen defender la libertad, sino también de desnudar el verdadero rostro paternalista y depredador de quienes ostentan el poder político y su permanente búsqueda de estrategias por la disputa y eventual retención del poder.
Chile desde luego no es la excepción, y lo ocurrido tras la luz verde dada al proyecto de ley de regulación del funcionamiento de aplicaciones de transporte de pasajeros como UBER y CABIFY en la comisión de transportes de la cámara baja es la mejor prueba de aquello.
Dado que el gremio de los taxistas no cesó de enarbolar argumentos insostenibles para defender su fuente de trabajo, es que los legisladores, recurriendo a las ya clásicas consignas de la lucha contra la desigualdad, y la seguridad de los individuos, terminaron por respaldar la idea de entrometerse en otra área de exclusivo asunto entre privados.
De manera que los individuos -a juicio de los políticos- no sabemos escoger con sabiduría lo que nos conviene y somos incapaces de determinar libre y voluntariamente lo que satisface nuestras necesidades, tenemos que aceptar que un gobierno establezca medidas que definen cómo debemos transportarnos. Parten por determinar qué tipo de vehículos pueden trasladar personas, continúan estableciendo un reglamento que crea una comisión de expertos que se encargará de regular la cantidad de vehículos que podrán circular usando estas plataformas, agregan una norma que establece que ellos entregarán una determinada cantidad de cupos y, por ende, podrán elegir quién puede ingresar a ellos y quien queda fuera, para finalizar estableciendo criterios de comodidad para conductores y pasajeros.
En un mundo esencialmente cambiante, donde la tecnología galopa sin cesar, y los seres humanos se adaptan fácil, libre y voluntariamente a los cambios, nuestro estado, en su afán de organizar los medios políticos y de coerción arbitraria avanza en la dirección contraria. Pudiendo contribuir a modernizar los servicios de taxi, toma la decisión de mediocrizar las condiciones que ofrecen plataformas tecnológicas que no han hecho más que facilitar y brindar más oferta y libertad de elegir a los usuarios.
Todo en aras de combatir la desigualdad -emblema del maniqueísmo político- que a juicio de nuestros honorables es la causante de todos los males que azotan a nuestra comunidad de individuos. En pos de ella entonces no existe ninguna especie de consideración en sacrificar los espacios de libertad de las personas, a fin de lograr que nadie sea más que otro en un determinado sector de servicios, y evitar que los consumidores con sus decisiones estimulen los servicios de calidad y castiguen a los malos oferentes a fin de llevarlos a modernizarse o desaparecer.
Un poder político que hace oídos sordos a derechos fundamentales del ser humano como la libertad, no sólo condena a sus ciudadanos a ver reducidos sus espacios de interacción e intercambio, sino además aleja y acrecienta las distancias ya producidas entre electores y autoridades, quienes además de no reconocerse como iguales, alimentan sentimientos de desconfianza, fastidio y sopor mutuo.
Bien ahí.
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