El artículo tercero de la declaración universal de los derechos humanos establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Así mismo, el artículo noveno de la constitución política de la república de Chile establece que: "El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos."
Pues bien, ninguno de estos estipulados importó ni se tomó en consideración en la sentencia dictada en el caso del asesinato sufrido por el matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, ocurrido el 04 de Enero de 2013 en la comuna de Vilcún, región de la Araucanía. Los acusados del magnicidio fueron absueltos luego que el juez de la sala del tribunal oral en lo penal de Temuco, José Ignacio Rau, considerara insuficientes las pruebas en su contra.
Lo curioso de todo este asunto, es que el mismo juez que liberó a los acusados, no tenga la capacidad ni los argumentos para poder explicar la lógica de su juicio en este caso y, por ende, su respectiva resolución. O sea, se estableció que hubo un ataque, que un matrimonio fue calcinado, asesinado vivo, pero ninguna de las pruebas que acreditan la participación de quienes fueran formalizados es capaz de determinar que efectivamente cometieron dicho crimen -incluida la confesión del testigo clave José Peralino-.
Sin embargo, y sin ánimo de querer detenerme en el caso mismo, la sentencia confirma una serie de ideas que son compartidas y discutidas por una parte importante de la población.
En primer lugar, la sensación de que la justicia no es para todos igual extiende su manto no solamente desde un punto de vista jurídico, sino además, político. Si usted, el día de mañana, decide ir a "combatir por una causa histórica", sin importar si ello implica la quema de camiones, el asesinato de un matrimonio de ancianos, asesinar o malherir a carabineros, entre tantas otras barbaridades, usted puede estar tranquilo, porque habiendo cometido estos actos en nombre de una causa, o de un grupo que a su juicio ha sido pisoteado por el estado, la sentencia o condena que usted pueda llegar a recibir podría ser considerablemente menor o más generosa que la que podría ser dictada a cualquier otro ciudadano. A ello sume la suerte que podría tener si, además, se encuentra con un juez como el señor Rau, quién aún cuando sus colegas reconocen que falla normalmente en derecho, su tendencia - o simpatía o cercanía por las causas defendidas por los acusados - ha sido manifestada en más de alguna ocasión con inocultable interés.
Para coronar esta verdadera conjunción de pasos que terminan por enarbolar una vergonzosa coreografía, todas aquellas personas acusadas de cometer estos delitos pueden ejercer presión política y humanitaria por medio de una huelga de hambre, que como ya hemos visto en otro atentado ocurrido en la Araucanía - denominado operación huracán - logró réditos bastante útiles para los acusados, quienes volvieron a situarse en la categoría de mártires de los revolucionarios, y además llevaron al gobierno de Chile a re calificar el delito cometido un grado menor. Si atacar una iglesia, amenazar y amedrentar a quienes realizaban el culto dentro de ella, obligarlos a salir para, posteriormente incendiarla, no es terrorismo, entonces no estaría demás preguntarse qué es terrorismo.
Esta sensación de impunidad revela otra conclusión que, de sólo imaginarla da pavor, y se extiende a otros casos y circunstancias vividas a diario, y es que las personas no están protegidas en nuestro país. Los más afectados ciertamente son los niños, quienes ven sus derechos humanos violados en centros del SENAME, por medio de la violencia física y verbal, desnutrición, desamparo, e incluso perder su vida. Sus principales tutores, responsables técnicos, administrativos y políticos están, hoy, libres, y en algunos casos gozando de condecoraciones en el aparataje estatal sin siquiera haber pisado un tribunal. En el peor de los casos pueden llegar a recibir una sentencia incluso menor a la de una persona que maneja en estado de ebriedad con resultado de accidente, como ocurrió con el señor John O'reilly, quién luego de haber abusado de forma sistemática e ininterrumpida de menores, fue condenado a "no acercarse a menores de por vida".
Toda esta mezcla de hechos se ve agravada al analizar la incompetencia que el estado chileno ha dejado en evidencia para referirse a estos acontecimientos y actuar frente a ellos. Al vocablo de los gobiernos y autoridades de vertientes progresistas como el actual se han sumado conceptos como delincuencia rural, sucesos aislados, o desdramatizar. nada más alejado de la intención de establecer servicios de verdadera inteligencia, perseguir a los hechores y condenarlos que ese tipo de vocablo. En el caso de los niños abusados, maltratados y muertos en el SENAME, simplemente se opta por tratar de ocultar descaradamente la realidad, o por deshumanizar su esencia hablando de stock o esgrimiendo frases tan deplorables como afirmar que los niños mueren de pena...
Mientras tanto, la impunidad, la no existencia del imperio de la ley, y las coreografías político sociales que abundan en plenitud seguirán recordándonos que hoy más que nunca nos encontramos en Impunilandia.
Sin embargo, y sin ánimo de querer detenerme en el caso mismo, la sentencia confirma una serie de ideas que son compartidas y discutidas por una parte importante de la población.
En primer lugar, la sensación de que la justicia no es para todos igual extiende su manto no solamente desde un punto de vista jurídico, sino además, político. Si usted, el día de mañana, decide ir a "combatir por una causa histórica", sin importar si ello implica la quema de camiones, el asesinato de un matrimonio de ancianos, asesinar o malherir a carabineros, entre tantas otras barbaridades, usted puede estar tranquilo, porque habiendo cometido estos actos en nombre de una causa, o de un grupo que a su juicio ha sido pisoteado por el estado, la sentencia o condena que usted pueda llegar a recibir podría ser considerablemente menor o más generosa que la que podría ser dictada a cualquier otro ciudadano. A ello sume la suerte que podría tener si, además, se encuentra con un juez como el señor Rau, quién aún cuando sus colegas reconocen que falla normalmente en derecho, su tendencia - o simpatía o cercanía por las causas defendidas por los acusados - ha sido manifestada en más de alguna ocasión con inocultable interés.
Para coronar esta verdadera conjunción de pasos que terminan por enarbolar una vergonzosa coreografía, todas aquellas personas acusadas de cometer estos delitos pueden ejercer presión política y humanitaria por medio de una huelga de hambre, que como ya hemos visto en otro atentado ocurrido en la Araucanía - denominado operación huracán - logró réditos bastante útiles para los acusados, quienes volvieron a situarse en la categoría de mártires de los revolucionarios, y además llevaron al gobierno de Chile a re calificar el delito cometido un grado menor. Si atacar una iglesia, amenazar y amedrentar a quienes realizaban el culto dentro de ella, obligarlos a salir para, posteriormente incendiarla, no es terrorismo, entonces no estaría demás preguntarse qué es terrorismo.
Esta sensación de impunidad revela otra conclusión que, de sólo imaginarla da pavor, y se extiende a otros casos y circunstancias vividas a diario, y es que las personas no están protegidas en nuestro país. Los más afectados ciertamente son los niños, quienes ven sus derechos humanos violados en centros del SENAME, por medio de la violencia física y verbal, desnutrición, desamparo, e incluso perder su vida. Sus principales tutores, responsables técnicos, administrativos y políticos están, hoy, libres, y en algunos casos gozando de condecoraciones en el aparataje estatal sin siquiera haber pisado un tribunal. En el peor de los casos pueden llegar a recibir una sentencia incluso menor a la de una persona que maneja en estado de ebriedad con resultado de accidente, como ocurrió con el señor John O'reilly, quién luego de haber abusado de forma sistemática e ininterrumpida de menores, fue condenado a "no acercarse a menores de por vida".
Toda esta mezcla de hechos se ve agravada al analizar la incompetencia que el estado chileno ha dejado en evidencia para referirse a estos acontecimientos y actuar frente a ellos. Al vocablo de los gobiernos y autoridades de vertientes progresistas como el actual se han sumado conceptos como delincuencia rural, sucesos aislados, o desdramatizar. nada más alejado de la intención de establecer servicios de verdadera inteligencia, perseguir a los hechores y condenarlos que ese tipo de vocablo. En el caso de los niños abusados, maltratados y muertos en el SENAME, simplemente se opta por tratar de ocultar descaradamente la realidad, o por deshumanizar su esencia hablando de stock o esgrimiendo frases tan deplorables como afirmar que los niños mueren de pena...
Mientras tanto, la impunidad, la no existencia del imperio de la ley, y las coreografías político sociales que abundan en plenitud seguirán recordándonos que hoy más que nunca nos encontramos en Impunilandia.
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