Este comentario tomó varios días de reflexión, ayuda y ordenamiento. Va con un especial saludo a Rafael Valenzuela, un gran amigo cuyo interés por este asunto, y la importancia de repensar su razón de ser ha sido objeto de conversaciones y puntos de encuentro entre ambos, que confío siempre fortalecerán el debate de ideas. Así sea siempre.
El sociólogo alemán Franz Oppenheimer -a quien hemos citado en columnas anteriores- sostuvo que en la vida sólo se conciben dos métodos de obtención de riqueza. El primero es el que surge de manera natural por medio de la interacción de individuos que producen e intercambian bienes y servicios libre y voluntariamente, con objeto de satisfacer sus necesidades y colaborar de manera pacífica en su mutuo desarrollo. A éstos medios Oppenheimer denominaba "medios económicos". Sin embargo, hay una segunda forma de obtener riqueza, mucho más simple, por medio de la captura de bienes o servicios de otros por medio de la fuerza y la violencia. Este proceso de confiscación unilateral de bienes producidos por terceros es lo que se denomina "medios políticos".
Cuando la segunda conducta se repite en forma sostenida, y se promueve con majadera insistencia, enfrentamos un escenario que a mediano o largo plazo nos conducirá de todos modos al camino de servidumbre del que tanto nos advertía Friedrich Hayek. Este camino se desarrolla de manera bastante particular en los países de América Latina, y Chile no es la excepción. Todo parte con la proclama de consignas 24/7. Dichas consignas tienen un común denominador: alcanzar una sociedad justa, donde la re distribución de la riqueza sea equitativa, donde el estado sea el punto de encuentro donde los ciudadanos satisfacen sus necesidades y ejercen sus derechos. El principal causante de las brutales desigualdades e injusticias para los vociferantes tiene nombre y apellido: Capitalismo Neoliberal.
Es entonces cuando los gobiernos, aparentemente en función de satisfacer dichas necesidades y derechos, comienzan su proceso de cobro de impuestos. Al colocar cargas tributarias -que como hemos visto en nuestro país van en severo aumento- en razón de ser solidarios con aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades, se genera justamente el efecto contrario al que se desea, pues cuanto más carga fiscal coloca un gobierno a las personas, los emprendedores y a los sectores productivos de la sociedad, está destruyendo los incentivos que éstos tienen para producir más allá de su subsistencia y de aportar al progreso y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Los efectos de este fenómeno ya se pueden apreciar este año, donde la carga a grandes empresas se elevó a un 27%, aumentando su nivel en un 59% desde 2010 -cuyo nivel era de 17%- y superando el promedio de la OCDE, cuyos países van en la tendencia contraria.
Al desplomarse la producción, ciertamente que decrece la generación de riqueza. Al haber menos recursos, hay menos posibilidades de poder satisfacer las necesidades de cada individuo. El resultado? igualdad en la miseria. Este resultado ha logrado nublar a ojos de las personas el problema de fondo, que es el tamaño del estado y la pesada mochila financiera que trae a cuestas. Sólo en ese momento es posible advertir la trampa bajo la cual se cae, porque la evidencia muestra que el objetivo final de dicha recaudación no es la mejora y el progreso, sino la toma del poder y los medios que lo sustentan para beneficio de una casta política que ve mejorada su situación en desmedro del resto de sus habitantes. Dicha casta por supuesto crea todo tipo de tributos (valor agregado, renta de grandes empresas, etc.) para asegurar su sustento.
Ejemplos de esto hay en todas las épocas, gobiernos e instituciones. Hace poco justamente se envió un proyecto al congreso que consta de 25 fojas. De aprobarse, se daría paso al gasto de 390 mil millones de pesos por año para la contratación de miles de funcionarios públicos, sin tener una razón consistente que justifique ese gasto. No olvidemos que bajo este gobierno ya se han creado 200 mil empleos estatales con cargo a los contribuyentes. Para qué hablar de la reforma educacional, cuyo ministerio a cargo gasta un 65% de su presupuesto en la mantención de su aparataje funcionario, y posterga aspectos como la calidad en educación a un segundo, tercer o cuarto plano.
La relación entre aumento del tamaño del estado y eficiencia es inversamente proporcional. Esto, porque los agentes estatales son seres humanos que naturalmente viven en la búsqueda preferente del interés propio por sobre el del resto; ello conlleva a la provisión de servicios deficitarios, aumento en las listas de espera en salud, baja en la calidad y rendimiento académico de las escuelas estatales, más burocracia, ineficiencia e incompetencia para resolver los asuntos de un país.
Esta realidad, además de ser vivida a diario por quienes habitan en regímenes totalitarios, también ha sido experimentada por las denominadas social democracias europeas. Suecia durante la segunda mitad del siglo XX experimentó esta creciente confiscación de bienes. La hegemonía social demócrata que imperó desde 1932 a 1976 comenzó con un modesto proceso de reformas a nivel básico, que construyó un sistema de seguridad y servicios básicos, además de acuerdos entre sindicatos y empresarios que dieron estabilidad al mercado laboral y aumento en los salarios de los trabajadores. Todo ello culminó con la aparición de una ilustrada clase media social demócrata que en los años 50 decidió extender el poder del gobierno sobre la propiedad de los bienes producidos, llevando la carga tributaria de un 21% en 1950 a un 53.1% en 1990, haciendo caer estrepitosamente el PIB de dicho país, aumentando el empleo estatal exponencialmente mientras este caía en el sector privado, reduciendo la productividad y amalgamando las libertades económicas de dicha nación. Todo por supuesto con cargo a los contribuyentes.
Por eso, y ante tanta evidencia, podemos señalar que un impuesto finalmente es robo, porque es una forma que tiene el estado de apropiarse de algo que no le pertenece, y cuyos argumentos de satisfacción de necesidades y promoción de ideales como igualdad, justicia social y equidad en los hechos no se sostienen. Gran parte de todo lo robado se destina a beneficiar a todo aquello que rodea a la casta que controla el poder político, que históricamente ha puesto en primera plana la disputa por el poder por sobre el resto de todos sus asuntos, y a fin de enquistarse en él el mayor tiempo posible, debe entonces recurrir a una red que brinde soporte a su disputa, desde el nepotismo, pasando por el clientelismo, hasta llegar a la esclavitud política de carácter liberticida.
La salida a esa esclavitud sólo se podría hacer posible si empezamos por recordar las sabias palabras de Margaret Thatcher, quien señaló que el estado no tiene más dinero que el que las personas producen por y para sí mismas, así entonces, si este desea aumentar el gasto de dinero, lo puede hacer endeudando nuestros ahorros o aumentando nuestros impuestos; por lo tanto, no existe dinero público, sólo hay dinero de los contribuyentes.
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