La disputa está desatada. El mercado del transporte cambió para siempre, y no sólo por la llegada de empresas de tecnología para el traslado de pasajeros, sino también por la forma en que los distintos oferentes han logrado sintonizar o distanciarse con el público.
El pasado lunes 04 de Septiembre, un grupo de más de 200 taxistas decidieron bloquear, a modo de protesta -no autorizada por la Intendencia- los diversos accesos al aeropuerto Arturo Merino Benítez, exigiendo la expulsión de servicios de tecnología para transporte de pasajeros como Uber y Cabify, o una eventual regulación de éstos por parte del estado, erigiendo argumentos legales y de competencia para ello. La protesta, además de generar el disgusto de los pasajeros, que caminaron en algunos casos kilómetros para arribar a la zona de embarque, dejó en evidencia la nula empatía y capacidad de organización de este gremio, que además, dada la irresponsable maniobra, dificultaron el traslado de un turista brasileño a un centro de salud tras sufrir un paro cardio-respiratorio que provocó su muerte sólo horas después.
Lejos de lograr apoyo en la ciudadanía, y que el gobierno escuchara el petitorio del gremio, el rechazo a la movilización confirmó la precaria situación que enfrentan los chóferes de taxis. Esto, porque en general, la llegada de aplicaciones de transporte que ofrecen un servicio más económico, eficiente, seguro en términos de registro de conductor y vehículo, rutas a seguir, y modo de reclutamiento de conductores y captación de nuevos clientes, ha renovado la forma en que los individuos se relacionan y desplazan a diversos puntos; en contraste, la performance ofrecida por taxistas, que incluye manipulación de taxímetros para el cobro elevado de tarifas, un inadecuado comportamiento con pasajeros y especialmente turistas de diversas partes del mundo, amenazas, encerronas, asaltos y destrucción de la propiedad automóvil a conductores de Uber, y falta de limpieza de sus vehículos han aumentado el rechazo entre las personas, quienes han encontrado una alternativa de mayor calidad a la ofrecida hasta ahora por los techos amarillos.
Un punto no menor, que explica en gran parte este escenario, es el intervencionismo del estado, aquella organización en la sociedad que mantiene el monopolio sobre el uso de la fuerza, y cuyos recursos -en gran parte- los obtiene justamente por esta vía, denominada elegantemente por el sociólogo alemán Franz Oppenheimer "medios políticos". El estado actualmente regula de manera fuerte y persistente el flujo de taxis existentes en las calles de nuestro país. La forma más directa de hacerlo es por medio del establecimiento de requisitos como la adquisición de un vehículo licitado, que ya tenga cupo vigente como taxi, completar un formulario, que sólo tenga tres años de antigüedad como máximo, desde 1.5 cc (si es taxi básico) y 1.6 cc (si es taxi ejecutivo) y que, anteriormente no haya funcionado como taxi. No conforme con estas medidas, se cobra un costo de cupo por la adquisición del vehículo cuya cifra, a 2014 se elevaba hasta los ocho millones de pesos. Ante la imposición de estos requisitos, se hace evidente la sensación de desazón por parte de los dueños de estos móviles quienes, observando que otros vehículos no requieren aprobar ni enfrentar ninguno de estos pasos, pueden circular libremente ofreciendo traslado de pasajeros de forma alternativa.
Sin embargo, más allá de todas estas dificultades que los dueños y choferes de taxis experimentan, ninguna de ellas puede justificar los desleales y poco convencionales métodos implementados hasta ahora en vez de competir creativa y lealmente a sus adversarios, como se espera que ocurra en una sociedad de libre mercado, donde cada quién -siempre y cuando se respeten sus derechos fundamentales y sus libertades en el amplio sentido de la palabra- arriesgue, cree, ofrezca alternativas, apueste y juegue todas sus cartas por conquistar a sus respectivas audiencias o público. Todo lo contrario, cuanto más agresivos y contestatarios pareciera ser mejor para ellos.
Deduzco entonces que no han comprendido hasta ahora, que de continuar por esta curiosa ruta, el fin de carretera esta más que cercano, porque mientras los ciudadanos sigan escogiendo el sistema de aplicaciones de transporte, el gobierno se mantendrá inmóvil ante la necesidad de intervenir, cuyo costo político implicaría un aumento de la cesantía -formal e informal- y la posibilidad de perder el poder en un par de meses crecería de manera exponencial. Todo un cuadro negro, que se enarbola producto de la inhabilidad para competir, la libertad de elegir de las personas, y la incompetencia gubernamental, que se ata de manos sin tener mucho más que realizar, entre tanta mentira, y tanta falsedad.
Lejos de lograr apoyo en la ciudadanía, y que el gobierno escuchara el petitorio del gremio, el rechazo a la movilización confirmó la precaria situación que enfrentan los chóferes de taxis. Esto, porque en general, la llegada de aplicaciones de transporte que ofrecen un servicio más económico, eficiente, seguro en términos de registro de conductor y vehículo, rutas a seguir, y modo de reclutamiento de conductores y captación de nuevos clientes, ha renovado la forma en que los individuos se relacionan y desplazan a diversos puntos; en contraste, la performance ofrecida por taxistas, que incluye manipulación de taxímetros para el cobro elevado de tarifas, un inadecuado comportamiento con pasajeros y especialmente turistas de diversas partes del mundo, amenazas, encerronas, asaltos y destrucción de la propiedad automóvil a conductores de Uber, y falta de limpieza de sus vehículos han aumentado el rechazo entre las personas, quienes han encontrado una alternativa de mayor calidad a la ofrecida hasta ahora por los techos amarillos.
Un punto no menor, que explica en gran parte este escenario, es el intervencionismo del estado, aquella organización en la sociedad que mantiene el monopolio sobre el uso de la fuerza, y cuyos recursos -en gran parte- los obtiene justamente por esta vía, denominada elegantemente por el sociólogo alemán Franz Oppenheimer "medios políticos". El estado actualmente regula de manera fuerte y persistente el flujo de taxis existentes en las calles de nuestro país. La forma más directa de hacerlo es por medio del establecimiento de requisitos como la adquisición de un vehículo licitado, que ya tenga cupo vigente como taxi, completar un formulario, que sólo tenga tres años de antigüedad como máximo, desde 1.5 cc (si es taxi básico) y 1.6 cc (si es taxi ejecutivo) y que, anteriormente no haya funcionado como taxi. No conforme con estas medidas, se cobra un costo de cupo por la adquisición del vehículo cuya cifra, a 2014 se elevaba hasta los ocho millones de pesos. Ante la imposición de estos requisitos, se hace evidente la sensación de desazón por parte de los dueños de estos móviles quienes, observando que otros vehículos no requieren aprobar ni enfrentar ninguno de estos pasos, pueden circular libremente ofreciendo traslado de pasajeros de forma alternativa.
Sin embargo, más allá de todas estas dificultades que los dueños y choferes de taxis experimentan, ninguna de ellas puede justificar los desleales y poco convencionales métodos implementados hasta ahora en vez de competir creativa y lealmente a sus adversarios, como se espera que ocurra en una sociedad de libre mercado, donde cada quién -siempre y cuando se respeten sus derechos fundamentales y sus libertades en el amplio sentido de la palabra- arriesgue, cree, ofrezca alternativas, apueste y juegue todas sus cartas por conquistar a sus respectivas audiencias o público. Todo lo contrario, cuanto más agresivos y contestatarios pareciera ser mejor para ellos.
Deduzco entonces que no han comprendido hasta ahora, que de continuar por esta curiosa ruta, el fin de carretera esta más que cercano, porque mientras los ciudadanos sigan escogiendo el sistema de aplicaciones de transporte, el gobierno se mantendrá inmóvil ante la necesidad de intervenir, cuyo costo político implicaría un aumento de la cesantía -formal e informal- y la posibilidad de perder el poder en un par de meses crecería de manera exponencial. Todo un cuadro negro, que se enarbola producto de la inhabilidad para competir, la libertad de elegir de las personas, y la incompetencia gubernamental, que se ata de manos sin tener mucho más que realizar, entre tanta mentira, y tanta falsedad.
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