Bozal de Hierro

Pocos actos en el mundo reivindican la dignidad de una manera tan categórica como el de un individuo que ejerce su libertad. Si partimos del principio - o idea - que la libertad es no solamente la valentía de ser uno mismo, si  no ante todo, la responsabilidad de ser uno mismo, podemos concluir entonces que una persona que alcanza dicho estado está en condiciones para llevar a cabo la arquitectura y/o proyecto de vida que él determine elegir.

Ser libre implica, entre otras cosas, que el ser humano tenga la posibilidad de expresar puntos de vista, sentimientos, concepciones de mundo, ideas, preferencias y disensos respecto de todos aquellos asuntos que son de su interés, especialmente los que tienen algún grado de relevancia en su entorno o quehacer cotidiano.

Esa posibilidad es la que justamente se ve amenazada hoy tras la firma que la presidente Bachelet puso a un proyecto de ley que tipifica el delito de "incitación al odio". Un proyecto que, en palabras de la primera mandataria busca fortalecer la capacidad de Chile de construir un clima de diversidad e integración entre sus habitantes a través del diálogo democrático y respetuoso.

Curiosa resulta ser la contradicción de ese discurso si la contrastamos con el contenido mismo del proyecto, que en su artículo 1° -que reemplaza al artículo 31 de la ley 19.733 sobre libertades de opinión e información- declara lo siguiente:

"El que por cualquier medio de difusión pública de la palabra o de alguna acción que exteriorice una opinión discriminatoria, para moverlos al odio expresado en la violencia en contra de colectivos vulnerables, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio. Se entenderá por colectivos vulnerables, los integrantes de un determinado grupo identificable por características tales como la raza, la religión, el credo, y otras semejantes”.

De entrada entonces este proyecto no tiene sustento. Con qué derecho un estado o un gobierno se arroga -de manera arbitraria, fácilmente manipulable y peligrosa- la facultad de determinar qué cosas incitan al odio o la violencia? Acaso se busca que con esto, cada persona u organización que disponga de la posibilidad de ejercer el poder o los medios políticos pueda determinar de manera imperfecta y subjetiva qué es o no es la incitación al odio? Qué define el carácter de vulnerable de un colectivo?

Este proyecto es tan peligroso e irresponsable como innecesario. Si el día de mañana alguien quisiera manifestar su distancia o disenso respecto de las cosas, costumbres, códigos y formas de vida de un grupo de personas, fácilmente puede ser acusado de incitación al odio y, eventualmente, ser penalizado. Si una persona deseara manifestar su rechazo a las políticas pro-inmigración de su país, incluso erigiendo argumentos de carácter práctico, técnico, legal o personal, podría ser fácilmente juzgada y acusada de incitar  al odio  y/o violencia simplemente por no comulgar con las ideas que predominan coyunturalmente en un país, que justamente calzan a la perfección con el discurso políticamente correcto imperante en Chile hoy.

Fuera de los riesgos anteriormente mencionados, no estaría de más agregar una eventual violación del principio constitucional de igualdad ante la ley que este proyecto podría implicar. Ello, porque al ser una ley que establece sanciones penales y económicas en casos específicos, permite a unos tener mayor libertad de expresión que otros.

Qué ocurre, por ejemplo, con aquellas personas que simpatizan, militan o participan en movimientos, fundaciones, organizaciones o partidos de raigambre socialista, comunista - o elegantemente llamados hoy "progresistas"-, que históricamente han promovido el odio de clases en razón de su condición socio-económica, raza, e incluso social, bajo la consigna de que alguien está mal porque otro está bien? Qué ocurre cuando estas organizaciones llaman además a la rebelión popular o la transformación de la sociedad por medio del perjuicio de un sector de la sociedad en beneficio de otro al que dicen representar? O cómo olvidar la famosa campaña de la reforma tributaria, donde se referían a quienes eventualmente pagarían la reforma como "los poderosos de siempre" promoviendo despectivamente un clima de división entre distintos agentes?

Pues bien, ninguna de estas acciones que ciertamente propenden a dividir a una sociedad o comunidad de personas ha sido siquiera cuestionada. Juzgue usted. El odio es un sentimiento humano, que por desastrosas consecuencias que pueda traer, no ha tenido nunca una posibilidad real de ser erradicado definitvamente por la vía legal en ningún país del mundo y penalizarlo de manera arbitraria no es sino otro paso más en la vía de cometer una anulación o disminución de la libertad individual de expresar lo que se piensa sin temor a una sanción o castigo.

Una sociedad que castiga el sentir de sus integrantes, que juzga y condena su forma de pensar y su legítimo derecho a expresar su cercanía o distancia con determinados códigos, incluyendo incluso datos verídicos que lo sustenten, es una sociedad que no avanza por buen camino y que termina por socavar, paso a paso, la dignidad humana, al colocar un bozal de hierro que funcione como una especie de filtro moral que determina lo que corresponde o no decir a sus pobladores.